Siguen las protestas y más de 50 bloqueos de opositores extremos, mientras el diálogo con el Gobierno que encabeza Rodrigo Paz sigue estancado.
Bolivia atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. La crisis política y social ingresó en su cuarta semana consecutiva con bloqueos, protestas masivas, enfrentamientos y un creciente desabastecimiento que afecta especialmente a las ciudades de La Paz y El Alto.
Las manifestaciones comenzaron a principios de mayo impulsadas por sindicatos, organizaciones campesinas, mineros, sectores indígenas y movimientos sociales que rechazan las medidas de ajuste económico impulsadas por el presidente Rodrigo Paz Pereira. Entre los principales reclamos aparecen la eliminación de subsidios a los combustibles, la inflación, el aumento del costo de vida y reformas agrarias cuestionadas por distintos sectores sociales.
Bloqueos y desabastecimiento
El conflicto escaló rápidamente con más de 40 cortes de rutas y accesos estratégicos en distintas regiones del país. Los bloqueos provocaron una fuerte escasez de alimentos, medicamentos y combustibles, además de la paralización parcial del transporte público y actividades comerciales.
En La Paz, la situación se volvió crítica durante los últimos días. El Gobierno debió habilitar corredores humanitarios para intentar ingresar suministros básicos ante el colapso logístico generado por los piquetes y protestas.
La estatal YPFB suspendió temporalmente el despacho de combustibles en varias zonas por razones de seguridad, mientras hospitales y escuelas comenzaron a reportar dificultades operativas debido a la falta de insumos y transporte.
Evo Morales vuelve al centro de la escena
El expresidente Evo Morales volvió a convertirse en un actor central del conflicto. El Gobierno boliviano lo acusa de alentar las movilizaciones y buscar desestabilizar a la administración de Rodrigo Paz. Morales rechaza esas acusaciones y sostiene que las protestas responden al “rechazo popular” contra políticas económicas que considera neoliberales.
Las movilizaciones vinculadas al “evismo” se hicieron particularmente fuertes en regiones campesinas y en el Chapare, donde sectores cocaleros y sindicatos rurales mantienen una importante capacidad de movilización.
Muertos, detenidos y denuncias
La violencia también comenzó a dejar víctimas fatales. Organizaciones sociales denunciaron muertes durante operativos policiales y militares, mientras el Gobierno afirma que algunos fallecimientos estuvieron relacionados con la imposibilidad de acceder a atención médica debido a los bloqueos.
Además, se registraron cientos de detenidos y múltiples enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en La Paz y otras ciudades.
La Iglesia Católica, organismos de derechos humanos y distintos actores internacionales comenzaron a reclamar diálogo urgente para evitar que la crisis derive en una escalada mayor.
Un gobierno bajo presión
Frente al creciente malestar social, Rodrigo Paz anunció cambios de gabinete y medidas simbólicas como la reducción del 50% de su salario y del sueldo de sus ministros. Sin embargo, hasta ahora las decisiones no lograron desactivar las protestas.
El presidente insiste en que los ajustes son necesarios para estabilizar la economía boliviana, afectada por déficit fiscal, problemas energéticos y caída de reservas. Pero amplios sectores sociales consideran que las medidas profundizan la crisis y afectan principalmente a los trabajadores y sectores populares.
Un país dividido
La cuarta semana de conflicto deja a Bolivia atrapada entre una grave crisis económica y una creciente polarización política. Mientras el Gobierno denuncia intentos de desestabilización, la oposición y los movimientos sociales aseguran que las protestas expresan el hartazgo de una parte importante de la población.
Con rutas bloqueadas, escasez en las principales ciudades y tensión permanente en las calles, el futuro inmediato del país sigue siendo incierto.
