El Tribunal Oral Federal N°2 resolvió absolver al exintendente de Coronel Juan Solá (Morillo), Atta Gerala, en el juicio en el que estaba acusado por contrabando agravado, robo y malversación de fondos públicos, en el marco de una causa que investigó el saqueo de rieles del Ferrocarril Belgrano Cargas en el norte salteño.
En el mismo fallo, el oficial subayudante Mauro Rodríguez fue condenado a tres años de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por cohecho pasivo.
Luego de deliberar durante poco más de media hora, el Tribunal integrado por Domingo Batule, Gabriela Catalano y Diego Matteucci, dio a conocer su decisión junto a una extensa exposición de fundamentos que se prolongó por más de tres horas.
En relación a Gerala, los magistrados concluyeron que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación en su contra. Si bien reconocieron el trabajo de la fiscalía en la recolección de evidencias, consideraron que estas no lograron quebrar el principio de inocencia del exintendente.
Distinta fue la situación de Rodríguez, para quien el tribunal sí encontró evidencias directas de su participación en hechos de cohecho pasivo. Entre los elementos valorados se destacaron comunicaciones con José Miguel Gerala, hijo del exintendente, en las que se hacía referencia a la liberación de la zona para permitir el paso de camiones que transportaban rieles en el paraje Pluma de Pato, donde el acusado se desempeñaba como jefe del destacamento policial.
Tras declararlo culpable, se avanzó con la audiencia de determinación de la pena. La fiscalía, representada por el fiscal general Eduardo Villalba y la auxiliar fiscal Roxana Gual, solicitó tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua y reglas de conducta, incluyendo la prohibición de residir en la zona. La defensa, por su parte, pidió el mínimo legal de un año.
Finalmente, el tribunal hizo lugar al pedido fiscal y condenó a Rodríguez a tres años de prisión condicional, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y la prohibición de circular o residir en el departamento Rivadavia Banda Norte, especialmente en la zona de Pluma de Pato, donde se habían registrado amenazas contra pobladores de comunidades originarias.
