Luego de que el gobernador Gustavo Sáenz anunciara, mediante un decreto, la obligatoriedad de exámenes toxicológicos para todos los funcionarios públicos de la provincia, la vocera oficial Paula Benavides indicó que los tests se realizarán de manera aleatoria y sorpresiva en los lugares de trabajo.
Según explicó la funcionaria, las pruebas incluirán la detección de cocaína, cannabinoides, opioides, anfetaminas y otras sustancias psicoactivas.
El DNU abarca a funcionarios de todos los niveles: desde gobernador, vicegobernador y ministros, hasta directores, jueces, fiscales, diputados, senadores, intendentes, concejales y nuevos ingresos al Estado.
Benavides indicó que los resultados serán confidenciales y se respetará el debido proceso, con posibilidad de realizar contrapruebas en laboratorios habilitados.
Sin embargo, aclaró que la negativa a someterse al examen será considerada automáticamente como resultado positivo, lo que podrá derivar en remoción, juicios políticos o destitución, según corresponda.
