El consumo no aparece: Se desplomaron las ventas en supermercados

El Indec midió un fuerte retroceso de las compras en noviembre, en otro síntoma del freno del consumo masivo.

El consumo masivo sigue sin dar señales de repunte. El Indec midió otro fuerte retroceso de las ventas en supermercados y mayoristas durante el mes de noviembre, mientras que en los shoppings el comportamiento fue dispar.

Los informes publicados por el Indec dan cuenta de una caída de las ventas en los supermercados del 2,8% respecto a noviembre del 2024 y del 3,8% contra octubre de 2025, el peor dato intermensual de los últimos dos años.

El único dato positivo para el gobierno es que el acumulado enero-noviembre de 2025 sigue dando un positivo de 2,2% respecto a igual período de 2024. Pero en el dato mes a mes, solamente hubo cuatro meses con variación positiva y de las últimas ocho mediciones solo octubre dio bien.

El deterioro también se sintió en los autoservicios mayoristas, donde las ventas cayeron en noviembre 8,3% respecto al mismo mes del año anterior. El dato es positivo es que mejoraron 1,3% respecto a octubre.

En los primeros once meses del 2025 el acumulado da una caída del 7,7% contra el mismo período del 2024.

Finalmente, en los centros de compras las ventas en noviembre disminuyeron 2,3% respecto a octubre, pero respeto a noviembre de 2024 hubo un salto del 17,3%. En lo que va del año, las ventas del sector acumulan una suba del 4,3%.

La UCA cuestionó los datos de la pobreza del Indec y pide que se actualice la medición

El Observatorio de la UCA advirtió que el descenso de la pobreza, que según el gobierno cayó a 31,6%, está sobrerrepresentado.

El Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina (UCA) cuestionó los datos de la pobreza que difundió el jueves el Indec y reclamó que se actualicen las canastas de medición para tener índice más certeros sobre la situación social.

El organismo que conduce Marco Lavagna informó que la pobreza en el primer semestre fue de 31,6%, lo que representa una baja de 6,5 puntos porcentuales respecto al semestre anterior (38,1%) y de 21,3 puntos respecto al primer semestre de 2024 (52,9%). En tanto, la indigencia bajó a 6,9%.

El gobierno festejó este dato que alimenta el relato de Javier Milei sobre la baja de la pobreza (que sitúa en 6, 8 o 12 millones de personas, según el día), pero los especialistas ponen en duda la metodología de medición del Indec.

La UCA celebró el dato, pero advirtió que "es importante diferenciar entre el fenómeno de la pobreza y su instrumento de medición". "En contextos de alta volatilidad, tanto por fuertes incrementos en los precios como ante la desaceleración inflacionaria, la medición de la pobreza por ingresos tiende a ser menos precisa", agregó el Observatorio, que mide la pobreza de manera multicausal y el Indec únicamente por ingresos.

"Un análisis más cuidadoso de la serie estadística oficial sugiere que, aunque la caída de la pobreza es real, su magnitud se encuentra sobrerrepresentada", dice el comunicado de la UCA.

La UCA agrega que eso "se explica, en primer término, por una mayor captación neta de ingresos laborales y no laborales por parte de la Encuesta Permanente de Hogares, derivada tanto de cambios en el cuestionario como de un mejor registro en un escenario de menor inflación". "Este avance metodológico, que debe ser valorado positivamente, condiciona, no obstante, la comparabilidad con series de ingresos, indigencia y pobreza previas", aclara.

 

El Observatorio cuestiona al Indec por "la persistencia en la utilización de canastas básicas construidas sobre la estructura de consumo de 2004-2005, no actualizadas a la información de 2017-2018". El mes pasado renunciaron en el Indec los encargados de armar las nuevas canastas de pobreza e inflación, que Lavagna se resiste a actualizar.

"Durante 2024, en un escenario de fuerte recomposición de tarifas y de precios regulados, dicha desactualización limita la capacidad de la medición para reflejar con precisión la situación efectiva de los hogares", sostiene la UCA.

 "Los datos oficiales sobrerrepresentan la magnitud del alivio social. Para corregir parte de este sesgo en la evolución de los indicadores de pobreza, el INDEC debería acelerar la actualización de las canastas de referencia, evaluar el impacto de los cambios en los instrumentos de captación de ingresos y transparentar su efecto sobre las series históricas", continúa. "Solo así se podrá contar con indicadores más consistentes que den cuenta de los logros, pero que también puedan representar más claramente la persistencia de problemas estructurales de inclusión económica, laboral y social en la Argentina", finaliza.

Gobierno aplicó recorte en Educación

El Ministerio de Economía dispuso un recorte de créditos presupuestarios por casi $500.000 millones a parte de una modificación publicada en el Boletín Oficial. La misma prevé un ajuste en las partidas de Educación por $120.000 millones.
Se trata de la decisión administrativa 23/25 a través de la cual se incrementa el cálculo de recursos en $261.613 millones y a la vez realiza un reducción de $493.531 millones. De ello surge un resultado financiero positivo de $754.744 millones.
Fuentes del Palacio de Hacienda informaron que se trata de “reasignaciones de partidas con una baja en el gasto primario consistente con nuestra política fiscal”.
La operación, que contempla la reducción de becas para estudiantes, infraestructura y para desarrollo de la educación superior.

Los números contradicen la gestión de Marín en YPF: Deuda por mas USD 9.000 millones y el balance da pérdida

El balance del último trimestre publicado confirma una pérdida de USD 198 millones y una deuda que supera los USD 9.500 millones. El "CEO del año" remató activos estratégicos, pero no logró equilibrar la compañía.

Mientras el presidente de YPF, Horacio Marín, se hace retratar como "El CEO del año", los números fríos de la petrolera cuentan una historia menos exitosa. El último trimestre publicado cerró con USD 4.643 millones de facturación, una pérdida de USD 198 millones y un flujo de caja negativo de USD 759 millones. 

En los tres trimestres publicados del 2025 -faltan los números del último trimestre que se conocerán en marzo-, la petrolera de bandera bajo gestión libertaria, acumuló pérdidas por USD 150 millones. Y más preocupante: el flujo de caja libre, el dinero que queda después de pagar todo lo que hay que pagar, suma un rojo de USD 2.081 millones. 

El agravamiento de la deuda completa el cuadro opaco de una gestión con muy buena prensa gracias al presupuesto desmesurado de publicidad (que llegaría a USD 100 millones sólo en 2025). En diciembre de 2024 la deuda era de USD 6.800 millones y sobre el cierre de este año trepó a 9.595 millones. Un salto de más de 2.700 millones en pocos meses. Fuentes de la compañía afirmaron a LPO que estiman que, cuando se publique el último trimestre, el pasivo rozará los 11.000 millones. 

El presupuesto de publicidad de YPF puede evitar que algunos medios miren sus números, pero no que lo hagan los inversores. LPO reveló que el rally que tuvieron las acciones de la petrolera desde que asumió Milei estaría tocando su techo y ahora el mercado quiere ver si el balance de la compañía acompaña el relato libertario de una supuesta gestión exitosa.

Por ahora, para tapar los agujeros de su gestión, Marín remató activos estratégicos. El caso más escandaloso es Profertil. Una empresa líder en fertilizantes, con un Ebitda anual cercano a los 235 millones de dólares, una planta en Bahía Blanca que produce 1,3 millones de toneladas de urea y cubre el 60% del consumo local. Una máquina de dólares, como el propio Marín decía hasta que Economía empujó su venta, que casualmente quedó en manos de Adecoagro, empresa vinculada al máximo responsable de la política energética y ex CFO de YPF, Daniel González, que sigue teniendo peso en las decisiones de la petrolera estatal.

Marín vendió el 50% que tenía YPF en Profertil por USD 635 millones de dólares, algo así como tres años de Ebitda. Marín explicó que necesitaba liquidez para "amortiguar" la caída del Brent, que perforó los 60 dólares. Un barril criollo al revés. Sigue siendo un subsidio, solo que ahora se paga vendiendo patrimonio. 

La línea profesional de YPF no disimula su enojo. "Se fumó Profertil para aguantar un año malo de precios y dejó hipotecado un activo estratégico", ironizó un directivo y agregó lapidario: "Marín es una máquina de tomar malas decisiones". 

En la misma lógica aparece Metrogas. YPF controla el 70% de la distribuidora, que tiene más de 2,25 millones de clientes y un Ebitda positivo de USD 198 millones. El plan es rematarla. Otra vez: activos rentables para sostener un esquema financiero fragilizado. 

El remate continuó en los yacimientos convencionales, que benefició al ex macrista Javier Iguacel y otros amigos del poder. Pero la línea roja fue Manantiales Behr. No es un área menor. Está en la Cuenca del Golfo San Jorge y produce unos 25.000 barriles diarios de petróleo Escalante. Aporta cerca del 20% de la producción de Chubut. Es un campo donde YPF desarrolló recuperación secundaria y terciaria con inyección de polímeros. Innovación de desarrollo local aplicada a un yacimiento maduro. 

La semana que pasó y luego de una sorda batalla interna, el directorio aprobó venderlo a libro cerrado por 575 millones de dólares. El comprador es Rovella Capital, una empresa de obras públicas sin experiencia en operación petrolera, involucrada en las coimas de la causa Cuadernos. De hecho, su titular, Mario Ludovico Rovella, fue señalado como el primer arrepentido en la causa Cuadernos. Para una empresa como YPF que cotiza en Wall Street y se llena la boca hablando de compliance, es una línea roja. 

A esto se suma el fracaso del proyecto de GNL, que desde la petrolera prometía inversiones delirantes que llegaban hasta los USD 50 mil millones. Petronas se bajó cuando el Gobierno cambió de manera inconsulta la localización de la planta. Después se anunció a Shell, que también se fue. Hoy queda dando vueltas la italiana ENI, un jugador menor frente a los que se retiraron. "El GNL tiene potencial, pero el problema de Marin es que como hizo el kirchnerismo, se apresura a vender humo".

Por Luciana Glezer

 

Bronca de Productores con Caputo: "10 tipos se llevaron 2000 mil millones de dólares"

Los productores no pudieron aprovechar la baja de retenciones y los exportadores se quedaron con toda la ganancia.

En el campo están en llamas contra el gobierno de Javier Milei y Toto Caputo porque les regalaron un negocio formidable a las cerealeras con la exportación de 7 mil millones de dólares sin retenciones y dejaron a los productores sin ninguna posibilidad de acceder al beneficio.

Como contó LPO, las cerealeras nucleadas en la poderosa CIARA taparon de órdenes de liquidación de divisas al Banco Central y en apenas 72 horas agotaron el cupo para vender con retenciones cero. El decreto publicado el lunes estableció que una vez que se llegaba a ese tope las retenciones volvían a su porcentaje anterior.

Esto despertó una furia total en el campo donde, con algo de demora, se dieron cuenta que Caputo había armado el negocio con las cerealeras y los productores no iban a tener tiempo de vender la poca cosecha que conservaban algunos. 

Un primer cálculo indica que el negocio quedó en manos de once cerealearas, que tuvieron la espalda que no tuvieron los productores para presentar las declaraciones juradas con granos que compraron o comprarán sin retenciones. La mayor tajada del negocio fue para Bunge, LDC, Cofco y Cargill.

"Fue un acuerdo en una mesa con 10 personas. Si hacés la cuenta se ganaron 2.000 millones de dólares en tres días. El Gobierno buscó esto", dijeron a LPO desde lo más alto de una de las entidades que integra la Mesa de Enlace.

"Federación Agraria dijo que el grano estaba en manos de los exportadores. Más vale que uno se siente usado porque mientras hablaban con nosotros, sectores del gobierno ya habían arreglado toda la cuenta con los exportadores. Imagínate que en tres días hayan cubierto ese cupo es porque ya estaba hablado de antemano y estaba todo en poder de terceros. Es decir, el campo la vio pasar"

Gobierno volvió a modificar el Presupuesto

El Gobierno volvió a ampliar el Presupuesto 2025 para el pago de la deuda, PAMI, trenes, Aysa y la Nucleoeléctrica Argentina. También se derivaron nuevas partidas para la Flota Aérea Presidencial y la Entidad Binacional Yacyretá.
Lo hizo con la decisión administrativa 23/2025, publicada en el Boletín Oficial. La medida, que cuenta con dos anexos de más de 400 páginas, lleva la firma del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
En los considerandos, se señaló que la adecuación presupuestaria se lleva adelante “con el objeto de afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento“.
Entre otras cuestiones, establece el "refuerzo de los créditos de gastos en personal para atender salarios, gastos de funcionamiento, equipamiento, transferencias varias y erogaciones de las jurisdicciones y entidades estatales".
De igual manera, se aclara que “se disponen compensaciones que implican reducir los gastos de capital e incrementar los gastos corrientes y modificar la distribución entre finalidades del gasto”.

El precio del litio superó los u$s20.000 y reaviva las expectativas mineras en Salta

La minería comenzó el 2026 con una señal alentadora para Salta: el precio internacional del carbonato de litio superó los u$s20.000 por tonelada y duplicó los valores registrados en octubre pasado, tras un prolongado período de precios deprimidos. El repunte impacta de lleno en la provincia, una de las principales productoras del país junto a Catamarca y Jujuy.

El aumento del valor del litio representa una noticia clave para los proyectos en marcha en la Puna salteña y para la cadena productiva asociada, en un contexto donde el mineral se destina principalmente a la exportación, con China como principal mercado para la fabricación de baterías.

Según datos del INDEC, en 2025 las exportaciones argentinas de carbonato de litio crecieron un 37,2% y alcanzaron los u$s842 millones.

El incremento, según indicó Ambito Financiero, se explicó por un mayor volumen de ventas, ya que el precio promedio por tonelada había mostrado una caída interanual del 9,5%, tendencia que ahora comienza a revertirse.

El repunte se da en un escenario de fuerte expansión de los sistemas de almacenamiento de energía en baterías a nivel global. Especialistas del sector señalan que la creciente instalación de estos sistemas, especialmente en China, está traccionando la demanda del litio y presionando los precios al alza.

A nivel productivo, la actividad también muestra señales de fortaleza. En noviembre pasado se extrajeron 11.244 toneladas de litio en el país, lo que representó un crecimiento interanual del 66,4% y un récord histórico, con Salta como una de las provincias protagonistas de ese salto.

Si bien el mercado del litio es altamente volátil - el precio llegó a rozar los u$s80.000 por tonelada a fines de 2022 y luego cayó por debajo de los u$s10.000 -, desde el sector minero destacan que el actual escenario abre una ventana de oportunidades para las provincias productoras.

En el corto plazo, se prevé un exceso de demanda que podría sostener los valores y fortalecer el rol de Salta como uno de los polos estratégicos del litio argentino.

Mercosur y EFTA firmaron un acuerdo

La Cancillería argentina anunció la firma de un tratado de libre comercio entre el Mercosur y los Estados miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA, en inglés). Tras una cumbre en Río de Janeiro, el convenio dará vida a una zona comercial para cerca de trescientos millones de personas, luego de ocho años de negociaciones.
Según detalló la entidad diplomática, dicho acuerdo fue suscripto por el Mercosur; el ministro de Relaciones Exteriores Gerardo Werthein y sus pares de Brasil, Mauro Vieira; Uruguay, Mario Lubetkin y la viceministra de Relaciones Económicas e Integración de Paraguay, Patricia Frutos.
El tratado creará un área de libre comercio de casi 300 millones de personas con un PIB combinado de más de u$s4,3 billones, sumó agencia EFE.
"Ambos lados se beneficiarán de mejoras de acceso a los mercados para más del 97% de sus exportaciones, lo que se traducirá en un incremento del comercio bilateral y ventajas para empresas e individuos", apuntó la cartera de Werthein.

Rigen subas en tarifas de luz y gas

El Gobierno oficializó los nuevos incrementos en las tarifas de gas y electricidad, con impacto sobre los hogares y comercios tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como en el resto del país. Las medidas fueron aprobadas por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a través de distintas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, en el marco de la actualización mensual definida por el Ministerio de Economía.
En el caso de la electricidad, el incremento final en las facturas será del 2,97% para Edenor y del 2,90% para Edesur respecto de agosto. La suba resulta de dos componentes: una actualización del 2,54% en el Costo Propio de Distribución (CPD), calculada según los índices de precios mayoristas y minoristas del Indec; y el traslado a usuarios de los nuevos valores estacionales de la energía mayorista, fijados por la Secretaría de Energía para septiembre y octubre.
El impacto en las boletas también depende del nivel de segmentación socioeconómica: los usuarios de altos ingresos (Nivel 1) abonan tarifa plena, mientras que los de ingresos bajos (Nivel 2) y medios (Nivel 3) mantienen bonificaciones y topes de consumo.
El esquema tarifario incorpora además un aumento promedio en el Valor Agregado de Distribución (VAD), que representa el ingreso de Edenor y Edesur por operar y mantener las redes, junto con el recargo del Fondo Nacional de la Energía Eléctrica (FNEE) y los precios mayoristas sin subsidio.
También se incluyen cargos por transporte, costos del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), valores de inyección de usuarios generadores, subsidios discriminados en las facturas, y los costos por energía suministrada en malas condiciones (CESMC) y no suministrada (CENS), aplicables hasta febrero.

La nueva reforma laboral: lo que puede mejorar y lo que no resolverá

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Poder Ejecutivo, sus fundamentos, alcances y limitaciones, con el propósito de distinguir qué aspectos resultan valiosos, cuáles generan objeciones jurídicas y qué expectativas erróneas se le asignan al derecho del trabajo como herramienta para resolver problemas estructurales del empleo.

A esta altura tenemos un proyecto el cual todo indica que será objeto de modificaciones. Se prevé que reforma habrá, pero se desconoce qué quedará. Por lo pronto tenemos este proyecto que desde su elevación ha generado, como no podía ser de otro modo, un interesante y pasional debate.

Es muy mayoritaria la opinión acerca de la necesidad de una reforma laboral. Una reforma laboral debe apuntar a más justicia dentro de la lógica protectoria, dar certezas en materias susceptibles de diversas interpretaciones y además adecuarse a los tiempos actuales. En este sentido nos permitimos concluir que en cierta medida la propuesta del Poder Ejecutivo apunta en este sentido.

Se ha sostenido que esta segunda reforma laboral del gobierno (la primera se dio con la Ley de bases) integra una de las “tres reformas estructurales”, junto con una reforma previsional y otra de tipo tributaria, como condición necesaria para que el país comience a crecer. No es así en lo laboral ya que no es esta la función social del derecho del trabajo. No le pidamos al derecho laboral lo que no puede ni debe hacer. Se pretende que esta reforma promueva el empleo, reduzca el flagelo de la informalidad y desaliente la litigiosidad. No tiene chance alguna de contribuir en estos objetivos. El empleo se lo promueve esencialmente desde el crecimiento económico.

La informalidad se la reduce con fiscalización, premios y castigos, y con un cambio cultural (la punta de lanza la dio el Papa Francisco cuando dijo que “el trabajo en negro es pecado mortal”, mayo 2016). La “moratoria laboral” de la Ley de bases pasó sin pena ni gloria y este antecedente reciente es indicativo de que nada o muy poco esta ley fomentará en lo que hace a la regularización del trabajo clandestino.

La judicialidad se explica en un 90% en causales que esta Ley poco atiende (riesgos del trabajo y clandestinidad laboral). Si bien el proyecto prevé 197 artículos, alrededor de 25 de ellos nada tienen que ver con lo laboral (contemplan aspectos tributarios en lo impositivo y deben ser escuchadas y respetadas, siendo dicho respeto un principio elemental dentro de la convivencia democrática.

Yendo a las reformas que se proponen vemos como acertadas aspectos tales como la exclusión de la Ley laboral a los fleteros y trabajadores de plataforma; dar más autonomía normativa al régimen de personal de casas particulares; exclusión del principio de duda a favor del trabajador para cuestiones de hecho; eliminación del deber de informar en ARCA cuando hubieren acuerdos transaccionales; modificación de la presunción de existencia del contrato de trabajo; adecuación del concepto de “empleador”.

También el establecimiento de parámetros aún más objetivos para extender la responsabilidad solidaria de las empresas, con respecto a los trabajadores de las empresas contratistas; eliminación de la acción de restablecimiento en el caso de modificación de las condiciones de trabajo volviendo a la redacción anterior; establecimiento del pago proporcional en caso de trabajo a tiempo parcial y eliminación de la prohibición que pesa sobre éstos de realizar horas extras; modificación del régimen indemnizatorio en contrato de trabajo a plazo fijo que genera riesgos excesivos cuando se requiere esta figura contractual y la ampliación de los beneficios sociales y de prestaciones complementarias acorde a las prácticas actuales; quitar por Ley el carácter remuneratorio de las propinas.

A su vez, destacamos la simplificación de cargas administrativas sobre todo en materia del engorroso libro de sueldo (útil en los años 70 e inútil en el siglo XXI), eliminando presunciones en contra del empleador; institución del recibo de sueldo electrónico; adecuación del goce de vacaciones conforme las prácticas actuales; eliminación de cargas administrativas en materia de jornada que hoy día carece de utilidad alguna; mecanismos más eficaces en materia de control de certificados médicos; aclaración y exclusión de las consecuencias de las tareas livianas cuando no hubiera incapacidad definitiva en caso de enfermedades inculpables.

Sigue la eliminación del preaviso durante el periodo de prueba; fijación de un criterio objetivo en el caso de “abandono renuncia” conforme la jurisprudencia mayoritaria; fijación de criterios más objetivos para el cálculo indemnizatorio en caso de despido sin causa según la jurisprudencia tanto de la CSJN como de la gran mayoría de las jurisdicciones provinciales (nada reduce); fijación de un criterio único para todo el país en materia de intereses en caso de juicios laborales, que además es acorde a lo que la mayoría de los jueces aplican; aclaración en forma expresa que una asamblea en horario y lugar de trabajo sin autorización del empleador cuando se traduce en una alteración de las tareas normales es una falta.

Se puede destacar también el establecimiento de un crédito de horas de modo objetivo para que los representantes gremiales cumplan sus funciones sindicales y que tantas consultas y abusos genera; establecimiento de que los sindicatos sean susceptibles de infracción en casos de incurrir en conductas contrarias a derechos o abusivas (bloqueos, tomas de fábrica, etcétera); inclusión en la letra de la de Ley la aplicación de la ultra actividad de los convenios colectivos de trabajo conforme lo que se viene haciendo en este siglo; adecuación de los honorarios profesionales de los peritos en los juicios según la carga de su trabajo y no en relación al monto de los juicios, lo que suele generar suspicacias en materia de su imparcialidad; hacer prevalecer la tabla de incapacidades (una vez más) por sobre las conclusiones de los peritos médicos, lo que no siempre se cumple aún con varias leyes que lo imponen, y también fallos de la CSJN en concordancia con la letra de la Ley; derogación de la arrebatada y mal diseñada Ley de Teletrabajo y de la obsoleta Ley de viajantes, etcétera.

También podemos formular algunas críticas tales como la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), cuyos principales beneficiarios serán sus administradores, que vulnera en parte el desincentivo a despedir, y a la larga será un costo fijo más para las empresas, aunque de la letra del proyecto parezca que no es más costo; la no menor restricción que se impone en materia de derecho de huelga con el eufemismo de “actividades de importancia trascendental” y la inclusión cuestionable de otras actividades como “esenciales”; la (cuasi) prohibición de retención de aportes en materia de cuotas sindicales y solidarias, que afectará el financiamiento de la actividad sindical, aspecto éste que nunca fuera de interés en el sector empresario; la obligación que se pretende imponer a los jueces de “seguir las doctrinas de la CSJN”; la prohibición de aplicar indemnizaciones previstas en la legislación civil en situaciones no regladas en la legislación laboral, etcétera. Seguimos con un sistema contributivo alto y que merece una revisión, aunque no ignoramos que es un juego de “suma cero” en materia fiscal y de necesarias prestaciones de la seguridad social. Fácil de opinar, difícil de implementar.

Desde ya que hay aspectos que hubieran sido necesarios incluir (como por ejemplo en materia de igualdad de oportunidades en materia de género, entre muchos otros), y otros que generan debates innecesarios y resultan ser, como se dice, “fulbito para la tribuna” (como el “banco de horas” y la eliminación de la palabra “justicia social” de la LCT, entre otros temas).

Pero lo cierto que una reforma en un tema tan sensible debe ser la “posible” y no lo que a uno le pueda resultar como “ideal”. Un debate de antaño que cada tanto en tanto aparece en la agenda pública y un capítulo más en una historia que se comenzó a escribir en el año 1904 con el proyecto de Código del Trabajo que elevara el entonces presidente Julio Argentino Roca.

La actividad metalúrgica cayó 2,3%

La industria metalúrgica atraviesa uno de sus peores momentos: la producción cayó 2,3% mensual en agosto y un 6,1% interanual. Como consecuencia, la utilización de la capacidad instalada se desplomó al 44,8%, niveles similares a los registrados durante los meses más duros de la pandemia de 2020.
El informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) reveló un panorama dificil: la actividad se encuentra 17% por debajo de sus máximos históricos y muestra apenas 1,6% de crecimiento acumulado en lo que va del año.

Sube el impuesto interno a vehículos

Quienes estén pensando en comprar un auto o una moto de alta gama tendrán que mirar de nuevo las listas de precios. Desde este mes rigen las nuevas escalas del impuesto interno a los vehículos (más conocido como “impuesto al lujo”) que actualiza los valores mínimos de aplicación.
Ahora, debido al efecto de la inflación, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ajustó nuevamente las bases imponibles. En el caso de los autos, el monto pasó de $59,3 millones a $63,1 millones de precio de fábrica. Traducido a precios de lista al público, el impuesto solo alcanzará a los modelos que superen los $89 millones.
Este cambio dio margen a las automotrices para mover sus precios. Toyota actualizó el valor de la SW4, que dejó de estar “congelada” por el impuesto, y pasó de un rango de $77 a $81 millones a cifras de entre $80 y $85 millones. Algo similar ocurrió con Ford, que subió los valores de la Everest, de $81 a $84 millones.
Las motos de alta cilindrada también entran en el esquema de este tributo, al igual que embarcaciones y aviones, con nuevos mínimos publicados por ARCA.

El año arrancó con despidos masivos en industria y comercio: cierres, recortes y reestructuraciones

Energía, alimentos, textiles y comercio minorista concentran desvinculaciones en distintas provincias en un contexto de reorganizaciones productivas, crisis sectoriales y caída de la actividad.

El comienzo de 2026 quedó marcado por una nueva ola de despidos en distintos sectores de la economía, con cierres de plantas, reducción de operaciones y fuertes ajustes de personal que impactaron en la industria, el comercio y la producción regional. En apenas unos días, empresas de peso como la multinacional Lamb Weston, la textil Hilados S.A., la cadena Farmacias del Dr. Ahorro y la petroquímica Sealed Air confirmaron desvinculaciones que, en conjunto, superan los 300 puestos de trabajo, en un escenario de creciente fragilidad del empleo privado.

Las decisiones empresarias respondieron a distintos factores: desde reorganizaciones globales y concentración de la producción, hasta la pérdida de competitividad frente a importaciones, la caída del consumo interno y procesos de optimización de costos en un contexto de actividad deprimida.

Reestructuraciones industriales y cierres de plantas

Uno de los casos más relevantes fue el de Lamb Weston, una de las principales productoras mundiales de papas fritas congeladas, que anunció el cierre definitivo de su planta ubicada en Munro, en la provincia de Buenos Aires. La compañía estadounidense informó que la producción para América Latina se concentrará en su nueva planta del Parque Industrial de Mar del Plata, donde invirtió u$s320 millones y emplea entre 250 y 300 personas.

Según comunicó la empresa, el cierre de Munro afectó a aproximadamente 100 trabajadores, quienes recibirán indemnizaciones conforme a la normativa local. Desde la firma explicaron que la decisión se enmarca en una estrategia global para mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa y del capital, priorizando instalaciones más grandes y tecnológicamente avanzadas. La operación local de Lamb Weston mantiene un fuerte perfil exportador, con entre el 80% y el 90% de su producción destinada a mercados externos.

En el interior del país, la crisis golpeó con fuerza a la industria textil. Hilados S.A., empresa perteneciente al Grupo TN Platex, confirmó el cierre de su planta de confección en el Parque Industrial de La Rioja, lo que derivó en el despido de 70 trabajadores a partir de enero. La firma mantendrá operativa únicamente el área de hilandería, con una dotación reducida cercana a los 60 empleados.

Desde el sector sindical señalaron que la decisión estuvo directamente vinculada a la apertura de importaciones y a la fuerte recesión que atraviesa la actividad. La empresa había iniciado 2025 con 140 empleados y proyectaba una expansión que nunca llegó a concretarse. El cierre se suma a un deterioro más amplio del entramado textil, que opera con bajos niveles de utilización de la capacidad instalada y perdió cientos de puestos de trabajo en los últimos dos años.

La apertura importadora explica gran parte de este fenómeno ya que actualmente son cada vez más las empresas que abandonan la actividad industrial y se vuelcan a la importación de productos terminados a bajo costo.

Comercio, petroquímica y ajuste laboral en sectores sensibles

El ajuste también alcanzó al comercio minorista y a la industria química. La cadena Farmacias del Dr. Ahorro, de capitales mexicanos, profundizó su crisis financiera con el cierre de al menos 10 sucursales y el despido de alrededor de 90 trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país. La compañía declaró la cesación de pagos, acumuló cheques rechazados por más de $20 millones y enfrenta un escenario de desabastecimiento tras perder el crédito comercial de proveedores y droguerías.

Según pudo reconstruir Ámbito, el deterioro del negocio se vio agravado por la caída del consumo de medicamentos, el aumento de costos fijos y un modelo comercial que nunca logró consolidarse en el mercado argentino. En el sector ya se evalúan distintas alternativas, desde una salida ordenada hasta el retiro definitivo del país.

En paralelo, la petroquímica Sealed Air confirmó el despido de 65 trabajadores, luego de un proceso de negociaciones fallidas con el gremio. La empresa justificó la decisión en un “proceso global de optimización de recursos” y aplicó una reducción cercana al 40% del personal. Parte de las desvinculaciones se instrumentaron a través de retiros voluntarios, principalmente de empleados próximos a jubilarse, aunque el conflicto derivó en un paro por tiempo indeterminado y la paralización total de la planta.

Los distintos casos reflejan un inicio de año complejo para el mercado laboral, con impactos que se extienden desde el Área Metropolitana hasta las economías regionales. Reorganizaciones productivas, caída de la actividad y pérdida de competitividad conforman un escenario que mantiene en alerta a sindicatos, provincias y sectores industriales clave.

Menos recursos a obra pública en 2026

Aunque en el Presupuesto 2026 que el gobierno nacional presentó al Congreso se estimó un aumento del 50% en las partidas de gastos de capital de la Administración Nacional, muy por encima de la inflación proyectada (10,1%), el gasto total representaría aproximadamente un 0,3% del PBI. Se trata de un nivel incluso más bajo que el de 2024, el año que el propio presidente Javier Milei definió como "el ajuste más grande de la historia.”
Desagregado, el componente más importante de esos gastos corresponde a transferencias de capital, que absorben el 49,7% del total y aumentan un 81,4%. Por su parte, la inversión real directa alcanza una suba de 26,1%, mientras que la inversión financiera asciende 41%, según las cifras plasmadas en el texto oficial. El total a gastar para el próximo año sería $3,286 billones, un incremento de 50,3%, respecto a 2025.

La Inversión Extranjera Directa repuntó en julio

En julio, la Inversión Extranjera Directa (IED) mostró un leve repunte de u$s155 millones, pero en lo que va del año acumula una caída de u$s1.370 millones, de acuerdo con el último balance cambiario del Banco Central (BCRA). Según advierten economistas, el retroceso responde a la salida de capitales por parte de multinacionales que abandonaron el país desde fines del año pasado, en un proceso que contrasta con la expectativa que había generado la sanción del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) hace apenas un año.
Los datos del BCRA muestran una evolución irregular pero predominantemente negativa en los flujos de IED durante 2025: en enero hubo un saldo negativo de u$s178 millones, en febrero la tendencia negativa se agravó, con una merma u$s1.050 millones, el peor registro del período. En marzo, hubo un leve repunte con un saldo positivo de u$s97 millones, mientras que en abril una nueva caída con un saldo negativo de u$s659 millones y en mayo una ligera recuperación con un saldo positivo de u$s109 millones. Y por último, en junio una suba de u$s154 millones, una cifra similar al mes siete, en u$s155 millones.
"En julio de 2025, la Inversión Extranjera Directa volvió a ser positiva en apenas u$s155 millones. Sin embargo, el saldo acumulado resulta negativo por u$s1.191 millones si se toma en cuenta el período desde diciembre de 2023. Nunca en la historia del MULC la IED había dado negativa. Esto da cuenta de la deficiencia en su desempeño del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en el marco de la Ley Bases en julio 2024", explicaron desde CEPA al informe del BCRA.

La Tasa Única de Impuestos, una propuesta para simplificar los regímenes argentinos

Con más de 150 tributos superpuestos y altos niveles de informalidad, el esquema fiscal argentino vuelve a quedar bajo revisión.

En medio de un sistema fiscal que acumula más de 150 impuestos entre niveles nacional, provincial y municipal, Argentina enfrenta el desafío de modernizar su estructura tributaria. Entre las alternativas de reforma tributaria que cobran relevancia en el debate público figura la implementación de una tasa única, conocida como Flat Tax, que simplifique el esquema actual, reduzca la evasión y promueva la inversión.

El policy paper “Modernización Fiscal Argentina con Impuesto de Tasa Única” de la Fundación Internacional Bases y Somos Innovación (SI) contempla una tasa fija del 15% para personas físicas y empresas, reemplazando tributos como el impuesto a las ganancias y débitos. También es necesario llegar a un acuerdo con las provincias para eliminar Ingresos Brutos y el Convenio Multilateral, así como limitar la potestad de los Municipios para imponer Tasas sin ninguna contraprestación real y con criterios de cálculo que no tiene absolutamente nada que ver con los costos del servicio que dicen proveer.

El objetivo es claro: gravar el beneficio una sola vez, a una misma tasa y lo más cerca posible de su origen. Para los individuos, se mantendrían exenciones básicas y deducciones por salud, educación, seguridad social, seguros de vida y donaciones. Las empresas podrían deducir todos los gastos del período, incluyendo reinversión de utilidades e inversiones, que se amortizará completamente en el primer año.

La propuesta se inspira en experiencias internacionales. Países como Estonia, Georgia y Eslovaquia han adoptado sistemas similares con resultados positivos. En Georgia, por ejemplo, la recaudación fiscal se cuadruplicó en pocos años, mientras que Estonia aumentó significativamente la recaudación, mejoró la eficiencia en la recolección e incluso bajó la tasa del impuesto manteniendo el equilibrio fiscal.

En Argentina, donde la evasión fiscal ronda el 50%, reducirla al 25%, como ocurre en Chile, permitiría recuperar entre 2 y 2.5 puntos del PBI anualmente. Estos recursos podrían destinarse a infraestructura, educación, salud y otras áreas clave, sin aumentar la presión fiscal sobre quienes ya cumplen.

Los defensores del Flat Tax argumentamos que el sistema actual castiga la formalidad y desalienta el ahorro y la inversión. En cambio, un esquema más simple y transparente podría convertirse en una ventaja competitiva para atraer capital y fomentar el desarrollo productivo.

Además, a mediano y largo plazo tiene la ventaja de volver a generar un cultura de ahorro interno, lo que a su vez tiende a solucionar el grave problema previsional al hacer que menos gente dependa únicamente de la jubilación. Esto se logra al gravar únicamente los retiros del sistema y mantener exento del impuesto a las inversiones tanto en la economía real como en el sistema financiero argentino, se paga cuando se retiran y no cuando se ingresan fondos.

Sin embargo, la propuesta no está exenta de críticas. Algunos sectores advierten que una tasa única podría beneficiar desproporcionadamente a los ingresos más altos. Para mitigar este efecto, el modelo argentino propuesto por Bases y SI incorpora mecanismos compensatorios como deducciones y exenciones que introducen cierta progresividad.

Décadas de explotación impositiva han dejado a los contribuyentes argentinos en el círculo más caliente del infierno fiscal. La complejidad del sistema actual no solo desalienta la inversión y perpetúa la informalidad, sino que también limita las posibilidades de crecimiento sostenido.

Si bien la implementación de una tasa única requiere una transición ordenada y la voluntad política necesaria para enfrentar los intereses creados que se benefician del status quo, el cambio es imprescindible para liberar el potencial económico del país. Así la tasa única emerge como una alternativa concreta y probada internacionalmente para construir un sistema más justo, eficiente y capaz de impulsar la formalización económica que el país tanto necesita.

Senior Research Fellow de la Fundación Internacional Bases. Licenciado en Economía Agropecuaria (UB), Magíster en Dirección de empresas (IAE) y doctorando en Ciencia Política (UB). También es Secretario Académico y Profesor Titular de Principios de Economía FCE-UAI e Investigador sobre temas de la Escuela Austriaca de Economía.

El riesgo país tocó un nuevo máximo con 1140 puntos

En medio de tensión financiera, el riesgo país marcó 1140 puntos. De esta manera, el indicador que elabora el JP Morgan tocó un nuevo máximo en los últimos 11 meses.
Los bonos de la deuda argentina profundizaron la caída más de un 5%, con lo que es de esperar que el indicador que mide la confianza de los inversores marque cifras aún más altas.
Las acciones argentinas en Wall Street operaron mayormente en baja. Los papeles que lideran las caídas fueron: Banco Macro (3,1%), Banco Supervielle (3,1%), BBVA (2,8%) y Grupo Fin. Galicia (2,6%).

Cayeron los bonos y las acciones hasta 10%

Las acciones argentinas que operan en Wall Street cayeron hasta 10% y los bonos retrocedieron hasta 2%. En tanto, en el merado local, el índice Merval en pesos bajó 4%. Por su parte, el dólar oficial subió $35 contra el cierre del viernes y cerró a $1370.
El dólar blue trepó $15 durante la jornada y luego retrocedió hasta cerrar a $1320, mientras el MEP se ubicó a $1362,22 y el CLL a $1361,89. En tanto, el riesgo país también escaló y finalizó a 767 puntos.
La caída de los ADR’s argentinos estuvo liderada por los papeles de Banco Supervielle (-10%); Edenor (-8,7%) y Banco Macro (-8,4%). Le siguen BBVA (-7,4%); Grupo Financiero Galicia (-7,2%); ADR Central Puerto (-6,3%) Transportadora Gas del Sur (-6,2%).
Los analistas sostienen que el comportamiento puede estar relacionado con que este lunes el Tesoro dará a conocer las condiciones de la licitación de deuda, que se realizará el miércoles.

Bessent dice que solo firmarán un swap con Milei: "no estamos poniendo dinero en Argentina"

El secretario del Tesoro sacó otro tuit de apoyo, pero luego dio una entrevista donde aclaró que no habrá ayuda directa como había dicho la semana pasada.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró su respaldo al gobierno de Javier Milei, pero aclaró que no mandará fondos frescos a la Argentina y únicamente se firmará un swap.

El funcionario de Donald Trump arrancó el día publicando un nuevo tuit de respaldo a la gestión de Milei y Toto Caputo, con quien habló ayer. "En los días que vienen espero que el equipo del ministro venga a Washington para avanzar significativamente con nuestras discusiones en persona acerca de las opciones para darles el apoyo financiero", escribió Bessent, que reiteró que el Tesoro "está totalmente preparado para hacer lo que sea necesario".

El mensaje de Bessent fue rápidamente celebrado por Caputo y en el mercado hubo un rebote de los bonos argentinos que ganaban en torno al 2 por ciento. Pero el entusiasmo duró poco.

Minutos después del tuit, Bessent brindó una entrevista a la cadena CNBC y le bajó muchísimo el tono al anuncio que él mismo había hecho la semana pasada sobre la ayuda a Argentina. "Sólo para que quede claro. Les estamos dando un swap, no estamos poniendo dinero en la Argentina", afirmó Bessent

El Presupuesto 2026 prevé aumentos

“El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de gobierno”, señaló el presidente Javier Milei al referirse al proyecto de Ley de Presupuesto 2026. También anunció un aumento en términos reales (descontada la inflación) para los siguientes conceptos:
* 5% la partida en jubilaciones,
* 17% en el gasto en salud
* 8% en educación
* 5% a recibir por cada pensionado por discapacidad.
* La partida para universidades nacionales se amplía en 4,8 billones de pesos.
De esta manera, el gobierno da una respuesta a los diferentes reclamos planteados por estos sectores.
El proyecto de presupuesto “garantiza el equilibrio fiscal y le impide al Tesoro financiarse por el Banco Central”.
En cuanto a la composición del gasto: el 85% del presupuesto se destina a Educación, Salud y jubilaciones; la prioridad del Gobierno es el Capital Humano”.
Según Milei “sólo por haber alcanzado el superávit fiscal, Argentina alcanzaría una base de crecimiento del 5% anual”. Si a este superávit “se le suman reformas, podríamos hablar de un crecimiento del 7% u 8% anual de manera sostenida”.
Como viene señalando “crecer a estas tasas implica parecerse a países de altos ingresos en 10 años, en 20 años estar entre los países más ricos del mundo y en 30 años ser una de las tres potencias mundiales”.

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